Abogados Mercantiles en Palma de Mallorca

No hay una tarifa única: el coste depende de la complejidad del asunto, de su cuantía, de si se resuelve con un acuerdo o hace falta juicio y de las fases que incluya. No cuesta lo mismo redactar un pacto de socios que llevar una impugnación de acuerdos. Antes de empezar te entregamos por escrito la propuesta de honorarios, la hoja de encargo que prevé el artículo 48.4 del Estatuto General de la Abogacía, y te explicamos qué podría suponer una condena en costas.

Todo lo jurídico de la actividad empresarial: crear la sociedad y redactar los estatutos y el pacto de socios, preparar los contratos con clientes, proveedores y distribuidores, resolver bloqueos y salidas de socios, reclamar facturas impagadas, defender o exigir la responsabilidad de los administradores, comprar o vender una empresa y gestionar una insolvencia, desde la negociación con los acreedores hasta el concurso, incluido el juicio cuando hace falta.

La gestoría lleva el día a día: contabilidad, impuestos, nóminas y depósito de cuentas. Conviene un abogado mercantil cuando hay que decidir o negociar algo con consecuencias jurídicas: un pacto de socios, la entrada de un inversor, un contrato importante, la venta de la empresa, un socio que bloquea la junta, un cliente que no paga o pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital, que obligan a convocar la junta en dos meses (artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital).

Depende del bloqueo. Si el administrador no convoca la junta, los socios con al menos el 5 % del capital pueden exigírselo por requerimiento notarial y, si no responde, pedir la convocatoria al letrado de la Administración de Justicia o al registrador mercantil (artículos 168 y 169 de la Ley de Sociedades de Capital). Un acuerdo contrario a la ley, a los estatutos o al interés social se puede impugnar en el plazo de un año. Si el empate de votos paraliza la sociedad, es causa de disolución (artículo 363.1.d).

Dos meses desde que la empresa conoció, o debió conocer, que no puede cumplir con regularidad sus obligaciones exigibles, que es lo que la ley llama insolvencia actual (artículo 5 del Texto Refundido de la Ley Concursal). Si comunica al juzgado que negocia con sus acreedores un plan de reestructuración, dispone de tres meses, prorrogables; si no llega a un acuerdo, debe pedir el concurso dentro del mes siguiente (artículo 611). Pedirlo tarde hace presumir que el concurso es culpable (artículo 444).

Por regla general, no: las deudas son de la sociedad. Pero responde solidariamente de las deudas posteriores a una causa de disolución si no convoca la junta en dos meses o no pide la disolución judicial (artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital). Responde también de los daños que cause con dolo o culpa (artículo 236), de ciertas deudas tributarias (artículo 43 de la Ley General Tributaria) y de los avales que haya firmado, y puede ser condenado a cubrir el déficit si el concurso se califica culpable.

Antes de firmar, la due diligence: estatutos y libro registro de socios, cargas y restricciones a la venta de las participaciones, deudas con Hacienda y la Seguridad Social, pleitos en curso, contratos con cláusula de cambio de control y titularidad de marcas y licencias. Después, el contrato: precio, manifestaciones y garantías del vendedor y retenciones del pago por si aparecen deudas ocultas. La transmisión de participaciones debe constar en documento público (artículo 106 de la Ley de Sociedades de Capital).